Iglesias
de todos los cultos reportan anualmente ingresos por $7 billones, pero
no pagan más de $200 millones en impuestos. ¿Es hora de revisar las
dádivas?
En los recintos de Culto hay oficinas reservadas para el depósito de diezmos y otros aportes con medios de pago electrónicos.
Con
elementos de última tecnología, las iglesias y denominaciones
religiosas buscan atraer un mayor número de fieles. Sus congregaciones
son multitudinarias.
Certificado de aporte que convierte al donante en un “sembrador de avivamiento”.
Jesús
nunca dijo que no había que pagar impuestos. Cuando fariseos y
herodianos lo andaban poniendo a prueba con celadas dialécticas en las
que cualquier mortal habría podido caer, el Hijo de Dios tuvo siempre a
mano una respuesta certera, incluso en materias tan complicadas como
la tributaria: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios” (Mateo 22:21), les respondió a los solapados enemigos que querían
forzarlo a que se pusiera en trance de rebeldía contra el Imperio
Romano.
El episodio bíblico –quizá el
único que presenta a Jesús con un denario en la mano– viene a colación
en momentos en que se avecina en Colombia una reforma tributaria. En la
antesala de la llegada del proyecto al Congreso, expertos de distintas
vertientes parecen estar de acuerdo en que los contribuyentes paguen
en la justa medida de sus posibilidades y en que aquellos que son
beneficiarios de importantes exenciones aporten cabalmente lo poco que
les resulta obligatorio.
En esta última
categoría encajan las 3.597 iglesias, confesiones y denominaciones
religiosas reconocidas actualmente por el Ministerio del Interior, al
amparo de la libertad constitucional de cultos. Según bases oficiales y
públicas de datos del Gobierno, en 2010, el último año del que ya hay
información consolidada, esas organizaciones declararon ingresos y
patrimonios por un poco más de $7 billones, cifra comparable con la
mitad de las utilidades que produce una empresa como Ecopetrol.
Sin embargo, cuando la masa de capital reportada pasó por los cedazos
tributarios, los impuestos pagados por todas ellas sumaron apenas $198
millones. Según los especialistas consultados, estas cifras sugieren a
primera vista una desproporción sobre la que no parece se haya reparado
lo suficiente.
En virtud del
Concordato entre Colombia y el Estado Vaticano y del derecho
fundamental a la igualdad, no solo la Iglesia Católica goza de gabelas
fiscales. Todas las demás tampoco están obligadas a presentar
declaraciones de renta, no pagan impuestos sobre estas y tampoco tienen
la obligación de registrar sus libros de contabilidad en cámaras de
comercio. Al igual que las ONG, los movimientos religiosos son
considerados congregaciones sin ánimo de lucro. En consecuencia, solo
tienen que pagar retención en la fuente por servicios distintos a los
pastorales (un salario o una contraprestación por conceptos de
asesorías, por ejemplo) y actúan como agentes retenedores de IVA por
ventas de productos.
Salvo las
donaciones que reciben del exterior, sometidas al pago de una retención
equivalente a 3% de su valor, el resto de los movimientos financieros
de las iglesias está lejos de la vigilancia estatal. Así, nadie les
garantiza a los fieles que el grueso de sus diezmos, limosnas y aportes
en general, entregados con fervor, vaya realmente a obras sociales o
sean garantía para la redención de los pecados.
“Que tu diestra no lo sepa...”
El domingo 11 de marzo, poco antes del mediodía, a la sede del Centro
Mundial de Avivamiento, sobre la Avenida 68 de Bogotá, no le cabía un
alma más. Ricardo Rodríguez, pastor principal de esa comunidad, traducía
simultáneamente las prédicas de tres líderes espirituales que habían
venido de Estados Unidos invitados a ser testigos del creciente fervor
de las “ovejitas”, como llama esa iglesia a sus iniciados. El redil era
numeroso: se acercaba a unas 30.000 personas que con sus manos
levantadas al cielo daban, al unísono, voces de alabanza.
El recinto, demarcado con señales y banderas de distintos países,
parecía una ciudadela. Las ‘avenidas’ y ‘calles’ (así estaban
denominadas) se encontraban guardadas por un equipo de logística en
cuyas camisas blancas se leía “Avivapolice”. En la zona periférica se
extendía un cordón de seguridad compuesto por efectivos de la Policía
Metropolitana de Bogotá.
Los callejones
más expeditos eran los que conducían hacia las ventanillas habilitadas
para el recibo de los diezmos y todo tipo de contribuciones. Se podía
pagar con tarjeta de crédito, caso en el cual los encargados de manejar
los datáfonos agradecían que los aportes no fueron menores a los
$100.000. Lo demás iba a sobres y a bolsas, cuyo contenido sería
recogido por tres carros transportadores de valores en diferentes
turnos. Cada aportante recibía una credencial que lo identificaba como
“sembrador en el avivamiento” (ver facsímile).
Esta escena no solo se repite los domingos de cada mes, sino los
viernes de todas las semanas. Ese domingo 11, según cálculos hechos por
servidores de ese culto que pidieron no ser citados por sus nombres,
las donaciones fueron estimadas en $150 millones.
En fuentes del sector bancario y financiero y en bases de datos de
centrales de riesgo, Dinero encontró que entre 2009 y 2011 fueron
reportados por el Centro Mundial de Avivamiento (NIT 830042038-0) un
total de 30 giros que, a manera de donación, provinieron del exterior.
El más alto en monto individual fue de US$14.686. El valor total de las
ayudas económicas en ese lapso sumó US$99.412 (cerca de $200 millones).
En contraste, los giros personales de
su pastor principal, Ricardo Rodríguez, al exterior son más
significativos. Entre 2010 y 2011 fueron hechas desde cuentas que
figuran a su nombre al menos 35 transacciones por US$727.000 (unos
$1.280 millones al cambio actual). Dos de las cuentas están
identificadas con los nombres “Ricardo-Mery” o “Ricardo Marina”. Pero
en ambas figura la cédula número 19.393.072, que corresponde en efecto a
Ricardo Rodríguez Bermúdez.
Un ex
pastor de la comunidad y un ex empleado de la parte administrativa, que
dijeron haberse retirado de la iglesia decepcionados por su notoria
inclinación hacia las “virtudes materiales”, revelaron que una
importante porción de los dineros que maneja la congregación es
utilizada en operaciones de finca raíz y otras inversiones en Colombia y
en el exterior, casi todas ellas a nombre del pastor principal. En los
círculos sociales, Sonia Villegas, asesora del pastor en estas
materias, asegura que no son pocas las inversiones que se mueven a
través de brokers en Miami y otras ciudades de Estados Unidos. De
hecho, miembros del cuerpo de pastores anuncian que en breve será
abierta una sede de la iglesia en Manhattan.
Todas las fuentes consultadas coincidieron en que podría estarse
presentando un subregistro en los datos financieros y fiscales. En este
caso, se aplicaría literalmente y al extremo el mensaje bíblico según
el cual “cuando des limosna, que tu mano diestra no sepa lo que hace la
izquierda”. (Mateo 6:3). Aquí, el destino de las limosnas no es
conocido ni siquiera por el Estado. Nadie niega que esta y otras
iglesias realizan obras sociales, pero no existe un registro público
documentado que dé cuenta detallada de ello.
”Esa falta de información se ve favorecida por la dispersión de
controles: el Ministerio del Interior lleva el registro de cultos, pero
no tiene capacidad para investigarlos; los alcaldes, los gobernadores y
hasta las propias divisiones eclesiales tienen atribuciones que en
muchos casos chocan entre sí”, dice un alto funcionario del Ministerio
de Hacienda.
Dinero llamó en varias
oportunidades al Pastor Rodríguez y lo buscó en la sede de su iglesia.
También le hizo llegar cuestionarios por correo electrónico a través
del pastor Álvaro Pardo y de Angélica Valdés, una de las coordinadoras
del trabajo pastoral. Sin embargo, al cierre de esta edición no había
obtenido respuesta. El abogado Carlos Salom Bejarano, administrador del
Centro de Avivamiento, dijo que sólo su jefe está autorizado para
hablar sobre asuntos financieros y que le llevaría mucho tiempo reunir
la información solicitada por la revista.
Aunque se parta del principio de la buena fe, los órganos fiscales y de
control podrían promover reformas legales para que el Estado logre
alguna vez saber a ciencia cierta cuánto se recoge y a qué se destinan
los frutos de las cosechas espirituales.
