En el mundo el caso de Colombia causa mucha curiosidad: no es claro
cómo una economía creciente, que ha recogido en impuestos más allá de lo
que tenía presupuestado, con cierta estabilidad jurídica e
institucional, está ad portas de hacer una reforma tributaria
estructural.
La pregunta es pertinente teniendo en cuenta que sectores como la
minería, el turismo y la industria petroquímica han florecido debido a
exenciones que buscaban estimular su crecimiento. Sin embargo, es claro
que el Estatuto Tributario colombiano es una colcha de retazos que
durante los diez últimos años ha sido reformada cinco veces, en todas
las ocasiones buscando apagar incendios, lo cual ha generado
distorsiones graves en el sistema impositivo.
Y estas distorsiones van en contravía de la competitividad del país:
Colombia ocupa el tercer lugar en el ranking latinoamericano de DoingBusiness,
un estudio transnacional que compara la facilidad para hacer negocios
en cada país del mundo. En el mundial ocupamos el puesto 42 entre 283
países.
Y aunque estas dos posiciones son alentadoras, en cuanto a la
facilidad de pagar impuestos Colombia ocupa el puesto 95 a nivel mundial
y el 16 entre los países latinoamericanos. Visto así, es claro que el
sistema impositivo colombiano está deteniendo la posibilidad de hacer
más y mejores negocios.
El gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y su
ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, busca revisar 800 de los
1200 artículos del Estatuto Tributario y en el proceso busca negociar
con los empresarios de los sectores afectados por la inminente
eliminación de exenciones un impuesto de renta hasta de un 25%
(actualmente está en 33%) y cortar en un punto el IVA.
Aunque es el momento propicio para hacer esta reforma, es claro que
no será fácil: preparar, reportar y pagar impuestos en Colombia toma un
promedio de 193 horas al año, y un negocio recién creado debe pagar en
su segundo año un 74.8% de sus utilidades en impuestos, casi el doble
del promedio mundial.
Romper los esquemas que originan semejantes incomodidades no requiere
sólo de un corte impositivo, sino de una actitud general del gobierno
para que a través de su Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) se simplifiquen los procesos, se eduque al contribuyente y se
implementen mejoras tecnológicas reales que faciliten la vida tributaria
en un país que, si sigue como va, podría estar viendo las mieles de la
prometida “prosperidad democrática” en la siguiente década.
La reforma será bienvenida, pero si sólo busca cortar impuestos e
ignora la simplificación de los procedimientos tributarios, el avance
será a medias.
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